Todos los que hemos intentado analizar el fenómeno de la conducta suicida nos hemos tropezado en alguna ocasión con casos de muertes que se han contabilizado como accidente, pese al conocimiento personal de que se trataba de una muerte voluntaria.
En mi caso, como Guardia Civil he visto casos de suicidio que han acabado con etiquetas del tipo: “accidente mientras limpiaba su arma reglamentaria”.
Podremos lamentar desde el punto de vista de investigadores esa “disfunción”, pero nada más humano que ese ingenuo (y a veces paternalista) intento de evitar un dolor añadido a la familia, consecuencia del “estigma” que aún arrastra nuestra sociedad. Más si cabe cuando, como en el caso de mi profesión, el montante de la pensión de viudedad depende de si la muerte fue accidente en acto de servicio o no.
Ese mismo elemento de “error” en el etiquetado de la causa de muerte, así como cuestiones relacionadas con el método con el que se registran finalmente en el Registro Civil y aparecen en el Instituto Nacional de Estadística, ya ha sido objeto de estudio. El más relevante en España es una publicación de 2014 (Lucas Giner y Julio A. Guija, Revista de Psiquiatría y Salud Mental), que concluye que los datos del INE infravaloraban los que se contabilizaban en los Institutos de Medicina Legal y Forense.
Un enfoque bastante original y más reciente (aunque algo más discutible por el método de entrevista telefónica a los allegados) llegaba a la misma conclusión: El INE subregistra los casos de fallecidos por lesiones autoinfligidas.
Hay pistas que nos señalan una obviedad: no siempre es posible establecer en una autopsia la diferencia entre una muerte accidental y una autoinfligida. Tampoco podemos confiar en que los intereses (por otra parte totalmente legítimos) de los familiares o amigos, que puedan dar testimonio a un relato de las causas, sea fiel a la intención de la víctima. Una de esas pistas la observamos en la correlación entre algunos tipos de muertes accidentes y las reconocidas por suicidio.
¿Se mantienen los problemas de subregistro entre los datos de los IMLyF y el INE?
1 ¿Podemos revisar el estudio de 2014 para verificar su exactitud?
Nos hemos animado a hacerlo y sus datos y conclusiones son impecables. Pese a la dificultad para recabar datos y los evidentes errores de algunos de los que se facilitaron a los investigadores, no he podido encontrar un solo fallo en cuanto al tratamiento de los datos y en el método de análisis.
De hecho, tuvieron en cuenta información que hoy en día se confunde: Obtuvieron del INE los datos de suicidios “por la provincia de ocurrencia”, lo que les permitió comparar bien con los facilitados por los IMLyF. Recordemos que, al día de hoy, el desglose provincial que ofrece el INE para series largas solo se expresan las muertes “por provincia de residencia”. Hay que advertir por tanto que, en el actual desglose provincial del INE, solemos dejar de considerar a las personas que se suicidan en España pero viven en el extranjero o en aquellos casos en que la persona fallece fuera de la provincia de residencia.
2 ¿Podemos repetir el estudio para actualizar la información?
Me he permitido también recrear aquel primer análisis con datos más recientes.
Ha servido para testar la recopilación y traslado de la información y observar si los actuales protocolos cumplen con mayor eficiencia que en periodos anteriores. Los resultados son positivos y parecen mostrar que han desaparecido las divergencias que constataron en 2014 Lucas Giner y Julio Guija.
En lugar de requerir a los IMLyF, he preferido buscar las memorias que publican el Ministerio de Justicia, el CGPJ y algunas CCAAs.
Debo comentar que dichas memorias no han sido fáciles de encontrar y resultan complicadas de seguir. Nos encontramos con múltiples formatos, series interrumpidas, frecuentes errores de transcripción, correcciones en años posteriores y datos en blanco. Lo peor es que bastantes de esos informes o memorias ni siquiera aparecen publicados.
Aún así, he dispuesto de una buena representación. Del periodo 2016 a 2022 se ha obtenido información de todas las provincias en al menos 1 año. Del total de los 364 registros potenciales hemos podido considerar 294 (81%), proporción algo mejor a la obtenida por los investigadores en 2014 (62%). Se han descartado algunos registros por su notorio error, como los correspondientes al informe del año 2020 del Consejo General del Poder Judicial.
Para el periodo estudiado ha sido posible obtener del INE los datos de fallecidos por el “lugar de ocurrencia”.
Podemos concluir que las discrepancias entre el INE y los IMLyF ya no son las que se describieron en 2014. Las diferencias estarían por debajo de los márgenes de error que consideramos razonables en cualquier estudio y son menores según avanzamos en el periodo analizado.
Anteriormente se constataron algunas cuestiones:
Que además de un posible subregistro de ambas instituciones, existían importantes divergencias entre los datos de ambas. Entendemos que son varios los motivos. Algunos tan evidentes como los errores de transcripción de las estadísticas de los IMLyF a sus memorias anuales. Otros pueden atribuirse a los casos en los que no hay respuesta definitiva a la etiología de la muerte y se encuedraban en “no concluyente” o como “pendiente de análisis de toxicología”, entre otras. Ese mismo problema se repite en las memorias de los años 2016 a 2022, por lo que es necesario tratar de localizar las actualizaciones/revisiones en las propias memorias de años posteriores, mantener cierta flexibilidad en la interpretación de los valores absolutos y no sorprenderse por algunas discrepancias de pequeña entidad. Solo de esa forma podemos entender que en algún caso los totales de los IMLyF puedan ser incluso inferiores a los del INE.
Mi valoración a la vista de los datos es que se sigue mejorando la calidad de los CMD/BED y los BEDJ con lo que ya no puede hablarse de “infravaloración del suicidio respecto de los datos forenses” y que va a ser difícil avanzar aún más en esa dirección, salvo en la mejora en la difusión de las memorias anuales de los IMLyF.
¿Es posible hacer algo para mejorar el conocimiento sobre el número de vidas que se pierden cada año por suicidio?
Sin duda. “Tan solo” habría que avanzar en la dirección de mejorar la información sobre el suicidio, serias campañas de divulgación y conocimiento del fenómeno suicida que acaben con el tabú o el estigma y convencer a nuestros gobernantes que el suicidio es un serio problema que mata a miles de personas al año y que deja en una situación muy vulnerable a sobrevivientes y supervivientes.
Es evidente que hay aún mucho recorrido. Otra cosa es que exista actualmente voluntad política para hacerlo. Mis propuestas pasan por el “archireclamado” y nunca atendido Plan Nacional para la Prevención del Suicidio. Sin él y lo que significa, dejamos sin abordar y destinar recursos al estudio y a la prevención del suicidio.
¿Significa esto que no hay capacidad de acercarse más a la cifra real de suicidio? Mientras llegan esas políticas de salud pública, los investigadores están tomando iniciativas interesantes y atrevidas, como el estudio que citaba al inicio en el que buscaban información por medio de la entrevista a familiares y allegados al suicida.
Lista de recursos.
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