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El suicidio en las situaciones de privación de libertad: 460 suicidios en España (2000- 2017)

Photo by Donald Tong from Pexels

El suicidio afecta a hombres y mujeres de todos los estamentos sociales, a ricos y a pobres, en todas las etapas de la vida, países y culturas. Sin embargo, las tasas de suicidio parece no distribuirse de forma homogénea en la población, afectando de forma más intensa a diferentes colectivos entre los que se encuentra el de las personas privadas de libertad.

Dentro de los centros penitenciario el estigma se convierte en norma. A la comisión de delitos socialmente reprobables, se une la enfermedad mental y las adicciones, las dificultades de integración en ambientes multiculturales, la frecuente falta de apoyo social, el aislamiento y la soledad y las duras condiciones de vida para conformar un caldo cultivo que unido a la falta de recursos de afrontamiento provoca una mayor necesidad de prevención de las conductas suicidas.

A nivel mundial, los países nórdicos son los que presentan mayores tasas de suicidio en población reclusa. A la cabeza estaría Noruega que presenta un riesgo 10 veces superior de suicidios en personas privadas de libertad que en la población general. En España la diferencia sería de 3,7 veces. En México, durante 2016 hubo 57 suicidios en este ámbito. 

 

En España, en 2017 había 58.814 personas privadas de libertad en centros penitenciarios, de los que el 92% era hombres. Desde 2000 hasta 2017, 460 personas han fallecido dentro de las prisiones por suicidio. 1 de cada cinco suicidios ha ocurrido en centros penitenciarios andaluces. La segunda comunidad autónoma con más muertes por suicidio es Castilla y León. 

 

Como en todos los casos de conducta suicida, las causas pueden ser múltiples. El Programa Marco de Prevención de suicidios de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias señala entre las causas la afectación psicológica de la detención, el encarcelamiento y el estrés de la vida cotidiana dentro de las prisiones en personas vulnerables y con menos habilidades de afrontamiento. Esto parece estar afectado a su vez por la naturaleza del delito cometido, por la aparición en medios de comunicación, la pérdida de relaciones familiares y sociales,  la existencia de enfermedad mental, el consumo de alcohol y drogas y el historial previo de conductas suicidas. Factores importantes en la incidencia podrían ser también la sobrepoblación de las instituciones y la ratio entre reclusos y personal penitenciario.

En este sentido, la OMS concluye que el suicidio en estos entornos es prevenible, por lo que recomienda la implementación de programas integrales de prevención del suicidio en los centros penitenciarios a nivel mundial. Pese a las dificultades para predecir los suicidios en personas privadas de libertad, los profesionales que desarrollan sus funciones en centros penitenciarios son personas clave para la identificación, evaluación y tratamiento de la conducta suicida.  

Dada que la finalidad de nuestra Administración Penitenciaria, definida en la Constitución Española y en la Ley Orgánica General Penitenciaria, se resume en la reeducación y reinserción social,  la retención custodia de detenidos, presos y penados y su asistencia y que el suicidio es una de las principales causas de mortalidad de nuestros centros la prevención de este tipo de situaciones se hace vital para el cumplimiento de sus objetivos.


MÁS INFORMACIÓN

 

Los ricos también lloran (pero menos)

La conducta suicida es un problema de salud pública complejo, multicausal, que se presenta en diversas manifestaciones y que afecta a todas las edades, a hombres y mujeres, independientemente de su orientación sexual, su nivel económico o del grupo sociocultural al que pertenece.

Sin embargo, la incidencia del suicidio es desigual en estos grupos y es una variable que debería tener importancia dentro de cualquier modelo que pretenda estudiar el suicidio como fenómeno social. Mientras hay variables que han sido ampliamente estudiadas como el género, existen otras que tienen relaciones más complejas con el suicidio y que debemos situar en el punto de mira. 

Uno de los aspectos que necesita de mayor investigación tiene que ver con el nivel sociocultural y económico. Porque,  ¿cómo afecta la pobreza, la deprivación económica, el desempleo y las crisis económicas a las tasas de suicidio de la población? ¿Afecta de forma desigual el suicidio dependiendo del nivel económico y sociocultural de las personas? ¿Existe más conducta suicida en aquellos grupos con menores niveles de alfabetización en salud? ¿Cómo afecta la exclusión social a la esperanza de vida o a los años de vidas potencialmente perdidos?

En un mundo tendente a la globalización de los procesos económicos y que potencia la concentración de los recursos de forma inequitativa en pequeños núcleos de la población, las bolsas de pobreza provocan grandes desigualdades de acceso a los servicios médicos y sociales, al empleo y a la vivienda. Las diferencias entre los diferentes grupos sociales parece estar aumentando la brecha de la desigualdad y eso afectará sin duda a los niveles de salud y habrá de ser tenido en cuenta en la elaboración de planes de prevención de la conducta suicida. El caso más extremo se sitúa entre las personas sin hogar.

 

Suicidio entre personas sin hogar

El riesgo de la aparición de conductas suicidas aumenta en caso de pobreza extrema o personas sin hogar, que unen a las dificultades para cubrir las necesidades más básicas, el estrés y el rechazo social que produce la falta de recursos.

En este sentido, Adela Cortina acuñó el concepto de aporofobia. Este neologismo define el miedo, rechazo o aversión a los pobres, una realidad que sin embargo define una situación que se ha dado en todos los tiempos. La importancia del término viene a explicar como muchas veces el racismo y la xenofobia tienen poco que ver con el hecho de ser extranjero o inmigrante sino que se relaciona con la falta de recursos y la pobreza de quien la sufre.

En un estudio de 2012 realizado en EEUU se estimó que el grupo de personas sin hogar tenía un riesgo 10 veces superior de morir por suicidio que la población general. La mitad de las personas que presentaban esta problemática tenía ideación suicida o lo habían intentado.

A otro nivel, descubrir el como afecta la pobreza o el desempleo sobre la conducta suicida, todavía requiere de mucha más investigación para poder tomar decisiones que prevengan la conducta suicida entre los colectivos con desigualdades socioeconómicas o en riesgo de exclusión social. Cualquier sociedad que se precie de serlo debe perseguir el desarrollo, pero este desarrollo no debe potenciar las desigualdades en la accesibilidad a los beneficios que proporcione. La clase política y la administración pública debe ser garante de esta lucha para la distribución equitativa de los recursos en función de las necesidades.

Sirva como fin de esta reflexión la cita de la revolucionaria Constitución Española de 1812, que en su artículo nº 13 definía con precisión lo que debía ser el principal deber de nuestros gobernantes:

 

“El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen»


PARA SABER MÁS

 

Daniel J. López Vega

Coordinador de www.papageno.es

Psicólogo General Sanitario. Máster en Intervención Psicológica en Contextos de Riesgo, autor de «¿Todo por la Patria?»

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