Archivo el julio 17, 2019

El suicidio en las situaciones de privación de libertad: 460 suicidios en España (2000- 2017)

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Photo by Donald Tong from Pexels

El suicidio afecta a hombres y mujeres de todos los estamentos sociales, a ricos y a pobres, en todas las etapas de la vida, países y culturas. Sin embargo, las tasas de suicidio parece no distribuirse de forma homogénea en la población, afectando de forma más intensa a diferentes colectivos entre los que se encuentra el de las personas privadas de libertad.

Dentro de los centros penitenciario el estigma se convierte en norma. A la comisión de delitos socialmente reprobables, se une la enfermedad mental y las adicciones, las dificultades de integración en ambientes multiculturales, la frecuente falta de apoyo social, el aislamiento y la soledad y las duras condiciones de vida para conformar un caldo cultivo que unido a la falta de recursos de afrontamiento provoca una mayor necesidad de prevención de las conductas suicidas.

A nivel mundial, los países nórdicos son los que presentan mayores tasas de suicidio en población reclusa. A la cabeza estaría Noruega que presenta un riesgo 10 veces superior de suicidios en personas privadas de libertad que en la población general. En España la diferencia sería de 3,7 veces. En México, durante 2016 hubo 57 suicidios en este ámbito. 

 

En España, en 2017 había 58.814 personas privadas de libertad en centros penitenciarios, de los que el 92% era hombres. Desde 2000 hasta 2017, 460 personas han fallecido dentro de las prisiones por suicidio. 1 de cada cinco suicidios ha ocurrido en centros penitenciarios andaluces. La segunda comunidad autónoma con más muertes por suicidio es Castilla y León. 

 

Como en todos los casos de conducta suicida, las causas pueden ser múltiples. El Programa Marco de Prevención de suicidios de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias señala entre las causas la afectación psicológica de la detención, el encarcelamiento y el estrés de la vida cotidiana dentro de las prisiones en personas vulnerables y con menos habilidades de afrontamiento. Esto parece estar afectado a su vez por la naturaleza del delito cometido, por la aparición en medios de comunicación, la pérdida de relaciones familiares y sociales,  la existencia de enfermedad mental, el consumo de alcohol y drogas y el historial previo de conductas suicidas. Factores importantes en la incidencia podrían ser también la sobrepoblación de las instituciones y la ratio entre reclusos y personal penitenciario.

En este sentido, la OMS concluye que el suicidio en estos entornos es prevenible, por lo que recomienda la implementación de programas integrales de prevención del suicidio en los centros penitenciarios a nivel mundial. Pese a las dificultades para predecir los suicidios en personas privadas de libertad, los profesionales que desarrollan sus funciones en centros penitenciarios son personas clave para la identificación, evaluación y tratamiento de la conducta suicida.  

Dada que la finalidad de nuestra Administración Penitenciaria, definida en la Constitución Española y en la Ley Orgánica General Penitenciaria, se resume en la reeducación y reinserción social,  la retención custodia de detenidos, presos y penados y su asistencia y que el suicidio es una de las principales causas de mortalidad de nuestros centros la prevención de este tipo de situaciones se hace vital para el cumplimiento de sus objetivos.


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